PROPUESTA DE DOCUMENTO PARA LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Lic. Miguel Angel Toma (ex Secretario de Inteligencia de la Nación)

Dr. Horacio Jaunarena (ex Ministro de Defensa de la Nación)

La actualidad mundial nos muestra que han proliferado conflictos inter e intraestatales muchos de los cuales se concretan a través de enfrentamientos armados, guerras asimétricas, acciones del terrorismo, guerras interreligiosas, movimientos independentistas en diferentes estados etc. También constatamos la expansión del narcotráfico con el masivo aumento de las adicciones más el previsible incremento de la oferta con la irrupción en el mercado de la droga sintética, a lo que sumamos el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan y caen fácilmente como víctimas del Paco.

Las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes, como consecuencia del cambio climático, han vuelto a colocar nuevamente la necesidad de encontrar las mejoras respuestas a los nuevos desafíos a la seguridad y a la defensa que nos propone nuestra realidad.

La evolución de los conflictos, por sus características novedosas, los medios empleados por los actores, el equipamiento con que cuentan, los escenarios en donde se producen, las consecuencias que se derivan, ha hecho que la frontera antes tajante entre las cuestiones de seguridad y defensa haya evolucionado hacia un continuo en donde ambas se vinculan y se correlacionan con el fin de reducir la envergadura del daño y responder oportunamente.

Las denominadas guerras híbridas nos descubren un nuevo escenario en donde participan fuerzas regulares e irregulares, terrorismo, fanatismos religiosos que hacen que hasta los propios protagonistas busquen su propia muerte. Muchas veces marcan su pertenencia a un determinado estado, otras veces no, y en otras ocasiones encontramos a Estados que indirectamente apoyan las acciones de esta suerte de Ejércitos irregulares.

Ha quedado en el pasado la idea de distinguir el empleo del medio de defensa en función del origen geográfico de la agresión, o si es perpetrada por un Ejército regular perteneciente a otro estado, como lo postula nuestra legislación de Defensa. Hoy, estos conceptos constituyen un error que puede ocasionar consecuencias trágicas por cuanto la respuesta que demos puede ser inadecuada a las características que tenga la agresión, ya que es fácil advertir que grupos irregulares cuentan con una capacidad de agresión con equipamiento que carecen muchos Ejércitos regulares.

Al mismo tiempo, y como consecuencia de la situación mundial, se desarrollan escenarios en los que la Organización Naciones Unidas destaca misiones que procuran el mantenimiento o imposición de la Paz entre sectores enfrentados. De la misma manera no se puede soslayar el hecho de que en muchas ocasiones los esfuerzos que realizan las Naciones Unidas para superar un conflicto resultan estériles como también que las grandes potencias limitan su intervención según el interés estratégico que tenga para ellos la región involucrada.

Significa esto que, descuidar una capacidad de Defensa propia confiados en la oportuna intervención internacional frente a la ocurrencia de un conflicto, puede resultar en muchos casos ilusoria. La muchas veces sorpresiva irrupción en el mundo de regímenes autoritarios con ingredientes fuertemente nacionalistas autorizan a sostener que no es conveniente ni para la Argentina ni para los países de la región, que se produzcan desbalances notorios o desequilibrios por defecto entre las FF.AA. de cada uno de ellos. El objetivo de mediano plazo debe ser reconstruir ese equilibrio para avanzar en la construcción de políticas de defensa regionales.

Argentina, en su carácter de miembro de la O.N.U. tiene numerosos antecedentes en los cuales sus Fuerzas han intervenido en misiones encomendadas por ella y sus hombres han alcanzado el reconocimiento y respeto por el desempeño que los ha distinguido. Se han hecho importantes aportes de tropas en misiones llevadas adelante en Croacia, Chipre y Haití a título de ejemplo.

Cabe aquí la reflexión en el sentido que Argentina ha enviado contingentes de sus Fuerzas Armadas en misiones, por ejemplo en Haití, en donde sus hombres debieron actuar en cuestiones de Seguridad Interior, siendo que en Argentina por disposiciones legales lo tienen vedado. Es decir se da la paradoja que deben intervenir en acciones para las cuales la ley de Seguridad Interior de la República Argentina prohíbe su adiestramiento.

Ante la necesidad de reconstruir el capítulo principal de nuestro sistema de defensa que son las Fuerzas Armadas, con carácter previo, debe formularse desde la política una directiva estratégica que defina los objetivos nacionales y precise las etapas para lograr los medios en el marco de una situación económica general que restringe la previsible asignación de fondos para el sector. Las propuestas desmesuradas se corresponden con respuestas nulas. Esta decisión estratégica es la que debe orientar la política de equipamiento que se lleve adelante.

En este sentido según nuestra apreciación, el primer objetivo que Argentina tiene que perseguir es recuperar el control democrático de sus espacios territoriales soberanos.

Argentina no controla su espacio aéreo porque carece de radares suficientes, no tiene aviones interceptores en número y en estado adecuados, y tiene una ley confusa en cuanto a su capacidad disuasoria.

No controla su territorio marítimo que como consecuencia sufre una verdadera rapiña de sus recursos ictícolas por falta de elementos para un adecuado patrullaje y por la reticencia de la Prefectura y de la Armada para coordinar sus escasos elementos en la tarea.

No controla suficientemente su espacio terrestre porque más del sesenta por ciento de los efectivos de Gendarmería están destinados a la CABA, el Gran Buenos Aires y Córdoba. Mientras que también la Prefectura dispone de mas del sesenta por ciento de sus efectivos a tareas en la CABA y Gran Buenos Aires en lugar de dedicar sus esfuerzos al control de nuestras costas y de nuestros ríos.

Es una fantasía pensar que podemos llegar a tener seguridad ciudadana si carecemos del control de nuestros espacios.

Debemos tener en cuenta que de manera sostenida cada fuerza de Seguridad ha ido expandiendo su ámbito de actuación de modo que en muchos aspectos se producen superposiciones y redundancias: Policía Federal, Policía de la Ciudad, Policías Provinciales, Policías Municipales, Policía Aduanera, Policía de Seguridad Aeronáutica. Argentina no gasta poco en seguridad, pero seguramente gasta mal. Urge poner orden en este aquelarre disponiendo una nueva definición de cada una de las competencias de manera de hacer más eficiente el empleo de los recursos.

En lo que hace al ámbito de nuestras Fuerzas Armadas, debe descartarse de plano la compra de equipamiento que muchas veces se ha hecho siguiendo un criterio de oportunidad (precio de ocasión, buen financiamiento etc.) y luego se busca la misión que justifique el empleo del equipamiento cuestión. Lo racional indica que debe adquirirse el equipamiento según un estricto criterio de prioridades determinado por las urgencias que deben atenderse en virtud del planeamiento diseñado por el poder político, con el asesoramiento del Estado Mayor Conjunto.

Si la prioridad es recuperar el control de nuestros espacios territoriales soberanos, debemos considerar que el objetivo final al que debemos apuntar es a recuperar el equilibrio de fuerzas con los vecinos de la región, de manera que finalmente podamos aspirar a realizar nuestros aportes adecuados para la creación de un sistema de Defensa regional. En ese sentido comenzar reuniones con los países de la región con el fin de lograr un diagnóstico estratégico común es una tarea recomendable.

Es evidente que el mundo que vivíamos cuando se dictó nuestra ley de Defensa ha cambiado: era el mundo de la guerra fría, con dos superpotencias enfrentadas en un equilibrio del terror, y con enfrentamientos que se producían dentro de sus esferas de influencia. Esta fue una guerra fría para las potencias dominantes pero caliente para países que estaban dentro de sus esferas de influencia. Ellos pagaron con sangre de compatriotas los enfrentamientos que no se daban a escala mundial.

Este mundo ya no existe por lo que debemos modernizar nuestra ley para adaptarla a los desafíos de la era que nos toca vivir.

 

La cada vez más frecuentes ocurrencia de catástrofes naturales derivadas del calentamiento global, hacen necesario que también nuestras Fuerzas tengan capacidad para mitigar las consecuencias de las mismas. Si bien esta es una misión secundaria, en todo el mundo se las equipa adecuadamente para que tengan capacidad de respuesta.

Toda política de defensa para que tenga continuidad debe surgir del consenso de las Fuerzas Políticas representadas en el Parlamento, sería aconsejable que desde el gobierno nacional se convoque a todo el espectro político en la búsqueda de consensos para mejorar la Defensa y la Seguridad de nuestros ciudadanos.

También es necesario que nos ocupemos de nuestro sistema de Inteligencia, elemento fundamental si se quiere tener un sistema de seguridad y defensa adecuado.

En este contexto y con esta orientación es que debe abordarse también el rol de la estructura de inteligencia según lo previsto en la ley 25520, que al igual que las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior fue aprobada por la unanimidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. En la misma se le otorga a la Secretaría de Inteligencia (hoy AFI) la función de coordinar el sistema nacional de inteligencia que contempla la existencia de una Dirección de Inteligencia Criminal, dependiente orgánicamente del Ministerio de Seguridad y una Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, que depende orgánicamente del Ministerio de Defensa.

El concepto de dependencia funcional de ambas direcciones a la actual AFI es indispensable ejercerla en toda su amplitud y extensión, siendo responsabilidad indelegable de la conducción política de la misma lograr este objetivo. Así como se debe avanzar en la coordinación del componente militar de la Defensa con las estructuras de seguridad, también debe ejercerse en plenitud la concentración de la producción de inteligencia en quien debe coordinar este esfuerzo del Estado.

Mantener como estamentos estancos la inteligencia criminal y la inteligencia estratégica militar, sin la coordinación funcional del máximo organismo de inteligencia, la AFI, que es quién, además, debe producir la inteligencia estratégica nacional constituye una inaceptable dilapidación de recursos y atenta contra la eficacia para “preservar los intereses estratégicos de la Nación contra toda amenaza de naturaleza externa o interna”.

En este sentido debe avanzarse en el ámbito parlamentario en la actualización de la ley 27126 modificatoria de la ley 25520, que a diferencia de esta última no contó con el consenso necesario para un instrumento legal que debe reflejar una política de Estado y no ser la expresión de la conveniencia circunstancial de un gobierno.

Este conjunto e ideas expuestas, luego de ser debatidas por los integrantes de esta Comisión puede transformarse en una herramienta útil para ser discutida con las Comisiones de Defensa de ambas Cámaras y eventualmente llevada como aporte al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

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